Con la reciente elección del presidente Trump, los municipios de todo Estados Unidos se enfrentan a una renovada urgencia de dar forma a las políticas de inmigración resistiendo a la vigilancia federal, ampliando las protecciones contra la deportación y garantizando que los inmigrantes, independientemente de su situación, puedan prosperar en sus comunidades. Las políticas de santuario existentes, los límites a las solicitudes de retención y la protección de los datos privados frente a la vigilancia de la inmigración ilustran el papel fundamental que pueden desempeñar los gobiernos locales en la lucha contra las políticas federales de inmigración. Ahora que los republicanos controlan los tres poderes del gobierno federal, la responsabilidad -y la oportunidad- de que los municipios protejan a los inmigrantes de una política nacional cada vez más hostil es mayor que nunca. Más allá de la protección, las ciudades también tienen el poder de promulgar políticas que permitan a los inmigrantes prosperar y participar plenamente en la vida cívica. Al defender y ampliar políticas que incluyan a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, las ciudades sientan las bases esenciales para un amplio cambio cultural y político.

El clima político actual exige medidas audaces y coompletas. Desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2002, se ha producido una expansión constante de los centros de detención, el aumento de la vigilancia y la aplicación agresiva de la ley contra los inmigrantes. Bajo la primera administración del presidente Trump, estos esfuerzos se intensificaron, alimentados por la retórica MAGA que promovía la xenofobia y las políticas perjudiciales. Ahora, con el regreso del ex presidente al cargo, hay un compromiso renovado con la vigilancia agresiva de la inmigración, con planes de deportaciones masivas que dependen de la colaboración con la policía local, sanciones financieras para las Ciudades Santuario, el retroceso de programas como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y TPS (Estatus de Protección Temporal), e incluso la posible eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento. En este clima, es probable que los estados que ya ejercen el control sobre la aplicación de la ley de inmigración, como Texas bajo el gobernador Greg Abbott, se sientan más envalentonados, afectando a las comunidades de inmigrantes dentro del estado y en todo el país. La estrategia de Abbott de trasladar en autobús a los solicitantes de asilo a ciudades como Nueva York y Chicago, por ejemplo, ya ha puesto a prueba los recursos locales, obligando a estas ciudades a prestar servicios en medio de una mayor oposición política y tensiones raciales. Ante estas crecientes amenazas, las localidades que valoran los derechos civiles y los derechos humanos deben dar un paso al frente, adoptando políticas resistentes que defiendan a las comunidades de inmigrantes y defiendan la dignidad de todos sus residentes.

Las ciudades deben contraatacar, no sólo ofreciendo protección, sino también promulgando políticas que permitan a los inmigrantes prosperar y participar plenamente en la vida cívica. Este conjunto de herramientas se guía por la creencia fundamental de que la migración es un derecho humano. Si el capital puede circular libremente a través de las fronteras, también deberían hacerlo las personas. Muchos inmigrantes huyen de condiciones creadas o empeoradas por empresas multinacionales, intervenciones políticas extranjeras o impactos de la crisis climática. Para afrontar el momento, los gobiernos locales deben asumir el papel no sólo de defender, sino de ampliar las políticas existentes. Las ciudades deben crear políticas que reconozcan la necesidad de sistemas que permitan a los inmigrantes vivir con dignidad y acceder a la igualdad de oportunidades. Apoyando políticas que hagan que el estatus migratorio sea irrelevante para la capacidad de una persona de prosperar, podemos liderar la reimaginación de nuestras comunidades.

Por último, debemos adoptar una perspectiva internacional. La frontera estadounidense no es sólo entre México y Estados Unidos, sino que se extiende a través de las políticas financieras y políticas aplicadas en el extranjero. La estrategia estadounidense de financiar a países, en particular a México, para aumentar la vigilancia fronteriza pone de relieve la necesidad de políticas de inmigración que tengan en cuenta la dinámica mundial. La administración entrante ha señalado una política exterior más intervencionista, dando prioridad a los intereses económicos de Estados Unidos en el sur global. Es probable que las políticas que promueven la extracción de recursos, la privatización y la militarización de las fronteras creen condiciones que obliguen a más personas a emigrar. Para abordar eficazmente la migración, debemos hacer frente a sus causas profundas y desarrollar sistemas locales que defiendan el derecho a la libre circulación de personas, no sólo de capitales. Es esencial una actuación audaz e innovadora a nivel local y, con las políticas adecuadas, las ciudades pueden liderar la creación de un sistema de inmigración que responda a las necesidades reales de una sociedad global.